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Momento del traslado del féretro de Salvador Allende. -AFPSerán examinados para determinar las circunstacias de la muerte del presidente chileno |
"Como familia queremos manifestar antes que nada nuestra satisfcción por los avances logrados en este trascendental proceso judicial para establecer la verdad de lo ocurrido", declaró tras la exhumación Isabel Allende, hija del mandatario y senadora socialista.
La diligencia estuvo encabezada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza y fue realizada por peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones, ante un equipo de forenses y antropólogos, cinco de ellos extranjers.
Las pericias no incluirán una nueva autopsia
La hija reafirmó que su familia tiene "la convicción de que el presidente Salvador Allende (1970-1973) tomó la decisión de morir como un gesto de coherencia política en defensa el mandato que le fue entregado por el pueblo". Allende murió durante el bombardeo a La Moneda y la versión más difundida, aceptada incluso por sus familiares, es que el mandatario se mató disparándose en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 que le había regalado el líder cubano Fidel Castro.
Despejar cualquier duda
Sin embargo, la parlamentaria socialista acalaró que han solicitado esta exhumación "con la esperanza de que sus resultados permitan despejar cualquier duda" sobre su muerte "y al mismo tiempo sirvan para determinar judicialmente las circunstancias en que esta se produjo así como los crímenes cometidos" en la dictadura.
La versión es más extendida es que Allende se suicidó con un disparo
Tras exhumar el ataúd, éste fue introducido en un vehículo para trasladarlo a dependencias del Servicio Médico Legal, donde se realizarán los peritajes correspondientes, aunque estos no irán acompañados de una nueva autopsia.
La exhumación fue ordenada por el juez, tras recibir en abril un informe del SML que establece "discordancias" entre el informe oficial de la autopsia, ordenada por la dictadura, y un peritaje policial del cuerpo de Allende en el lugar de su muerte.
La investigación se abrió el pasado 26 de enero, cuando la Fiscalía presentó ante el juez Carroza 726 querellas por violaciones de los derechos humanos correspondientes a casos que nunca antes habían sido investigadas por la Justicia, entre ellos el del fallecido mandatario.
PÚBLICO.ES / EFE
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