Casi 80.000 personas desfilaron el viernes 20 por el centro de Santiago (40.000, según la policía), 50.000 el sábado 21 en el puerto de Valparaíso ‒120 kilómetros al norte de la capital, donde el presidente Sebastián Piñera hacía su rendición de cuenta anual al parlamento‒ y decenas de miles más en 26 ciudades. La movilización supera todas las cifras de protesta desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dio paso a una democracia pactada con los sectores no comunistas de la oposición al régimen militar.
El 9 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental de la sureña región de Aysén aprobó el megaproyecto HidroAysén, conformado por capitales españoles, italianos y chilenos, para construir cinco centrales hidroeléctricas patagónicas que generarían 2.750 megavatios, transmitidos por un tendido eléctrico que atravesará ocho regiones.
Las protestas se multiplicaron en varias ciudades y movilizaron a más 30.000 personas en la capital, duramente reprimidas por la policía de Carabineros, con gases lacrimógenos y carros lanzagua. El gobierno del derechista Piñera apoya el proyecto por la necesidad de duplicar la producción de energía en los próximos años para sostener un crecimiento anual del producto interno bruto estimado en seis por ciento.
Pero pese a la luz verde al plan, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable y detenida y maltratada por la policía en las protestas, cree que apenas “estamos empezando la batalla”. HidroAysén está causando “una crisis de credibilidad en la institucionalidad y en (la figura del presidente) Sebastián Piñera”.
El gobierno no está patrocinando ningún proyecto de energías limpias, afirma la ecologista Sara Larraín (Martín Katz |
SARA LARRAÍN: Porque afecta el corazón de la Patagonia chilena, una de las zonas patrimoniales más importantes de Chile, con cinco centrales eléctricas para generar de 2.700 megavatios y llevarlos por una línea de 2.000 kilómetros directamente a Santiago y a las mineras de la región de Atacama.
P: El gobierno argumenta que la aprobación respetó la legislación ambiental. ¿Por qué usted sostiene que hubo un proceso irregular?
SL: En el proceso de evaluación ambiental de HidroAysén, el procedimiento a través del cual la autoridad entrega los permisos sectoriales para los proyectos, se cometieron desde 2008 varias irregularidades. Primero, se acogió a proceso un proyecto que no tenía información de la línea de base. Tuvo 2.000 observaciones de organismos públicos y 11.000 de la participación ciudadana. Al menos cuatro documentos de los servicios fueron cambiados semanas antes de la votación. El secretario regional ministerial de Medio Ambiente tuvo que renunciar, porque obviamente no iba a avalar un procedimiento de este estilo; cuatro funcionarios públicos que debían votar tuvieron que inhabilitarse porque tenían conflicto de intereses con la empresa. Además, en la evaluación no se consideraron las observaciones de la participación ciudadana. Y en la mañana del día de la votación, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, afirma que este proyecto debe ser aprobado.
Entonces, hay un conjunto de irregularidades que implican una violación del estado de derecho, de cómo son los procedimientos transparentes en Chile. Y eso representa el fracaso de la institucionalidad ambiental, que acaba de ser reformada con la creación de un ministerio, una superintendencia y un servicio de evaluación ambiental independiente, pero que con este proyecto demostró que no es independiente.
P: ¿La legislación ambiental chilena es demasiado débil?
SL: El problema acá es la manipulación de la institucionalidad ambiental, porque la institucionalidad incluye la participación ciudadana, pero acá no se ha tomado en cuenta y no es vinculante.
Un paisaje en la confluencia de los ríos Baker y Chacabuco en Cochrane, Chile que será inundado por HidroAysen .(AP Photo/Jorge Uzon) |
SL: Este proyecto se basa en el monopolio de los derechos de agua que tienen Endesa Italia y Colbún (una empresa pública privatizada en 1997 y adquirida en 2005 por el grupo chileno Matte).
En base a los derechos que obtuvieron en virtud del Código de Aguas del gobierno militar (1973-1990) están inundando dos ríos de la Patagonia: Pascua y Baker. Por otro lado, como ambas empresas poseen una presencia mayoritaria en el sistema eléctrico interconectado central, con HidroAysén pasarán de dominar 70 por ciento a 90 por ciento de la generación. Eso constituye un duopolio privado que deja fuera del mercado al resto de los actores que quieren participar con otras fuentes de energía.
A eso se suma que una serie de promesas de campaña de Piñera, como llegar a 20 por ciento de energías renovables en 2020, no se cumplen. El gobierno no está patrocinando ningún proyecto en esa dirección. Todo ya tocó techo, ya simplemente hay una crisis de credibilidad en la institucionalidad y en Piñera.
Pamela Sepúlveda / IPS
Tomado: Periodismo Humano.com
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