“Patrimonio de la Humanidad” lugares de crímenes franquistas

Asociaciones de la memoria histórica pedirán que sean reconocidos como “Patrimonio de la Humanidad” lugares de crímenes franquistas Varias de las asociaciones de la memoria histórica de España y lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo preparan estos días un comunicado abierto a la adhesión para pedir al Gobierno de España, y a las autoridades, autonómicas y locales, de los distintos lugares, que estudien el impulso ante la UNESCO del reconocimiento de lugares de la memoria como el muro de Badajoz, el conjunto formado por la Casa de Juntas y el Árbol de Guernika, la Ciudad Vieja de Belchite, el Campo de Los Merinales, y otros, como Patrimonio de la Humanidad –disponiendo en su caso las medidas necesarias para su protección y rehabilitación– todo ello en razón del “excepcional valor universal” de los dramáticos acontecimientos, crímenes contra la entera humanidad, a los que están ligados y la concreta significación histórica de éstos respecto del conjunto de crímenes y violaciones de derechos humanos que seguirían siendo perpetrados después por los totalitarismos y que darían lugar a los juicios de Nuremberg. Esta iniciativa contaría con varios antecedentes en la praxis del organismo internacional como el reconocimiento como tal en 1979 de los barracones e instalaciones de “Auschwitz Birkenau”, el reconocimiento del excepcional valor universal de las instalaciones de trata de esclavos en la Isla de Goree en Senegal en 1978, el reconocimiento en 1996 del Memorial de la Paz de Hiroshima, o Cúpula de Genbaku, estructura del único edificio que permaneció en pie en la ciudad y el reconocimiento del puente de Mostar, inicialmente destruido durante la guerra en la antigua Yugoslavia y que tras ser reconstruido con la participación de cascos azules españoles fue promovida su inscripción como Patrimonio de la Humanidad en 2005 como símbolo de la cooperación internacional y de la coexistencia de distintas comunidades culturales, étnicas y religiosas. Las víctimas de todos estos lugares, su permanente recuerdo merecen ser honradas y recordadas por la humanidad. En el caso español se toma especial conciencia del especial significado e impacto en la conciencia de la humanidad de sucesos como el genocidio de Badajoz – el primer Srebrenica perpetrado contra la población civil de una ciudad a esa escala y narrado por los corresponsales extranjeros de la Europa del Siglo XX –, el árbol de Guernika, durante años símbolo de los horrores de la guerra inmortalizado el bombardeo en numerosas obras artísticas y literarias, la ciudad vieja de Belchite, prácticamente en el mismo estado en el que quedase tras los enfrentamientos o el Campo de Los Merinales en Dos Hermanas (Sevilla), escenario de los trabajos forzados de los presos de la Segunda República. Entre otros. Con esta iniciativa emprendida tras hechos tan preocupantes como los recientemente perpetrados en Granada y otros lugares de retirada de placas conmemorativas y se pretende al mismo tiempo poner de manifiesto la criticable ausencia de un estatuto jurídico de protección de estos lugares de la memoria por parte de la precisamente denominada ley “de la memoria” en la que se copia el modelo ilegal de la Orden de Franco de mayo de 1940 sobre “exhumaciones e inhumaciones” (Ministerio de la Gobernación, Boletín del Estado n. 130, de 09/05/1940, pág. 3157) a la hora de delegar la responsabilidad de las exhumaciones e identificaciones en los familiares y asociaciones, pero – puestos a copiarle al dictador – nada se hace en cambio respecto la Orden de 4 de Abril de ese mismo año "Disponiendo que por los ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto de los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista" (Ministerio de la Gobernación, Boletín del Estado de 5 de abril de 1940, página 2320, y cuyo texto íntegro se adjunta en PDF a este mail para que pueda contrastar). En este segundo sentido las asociaciones reclaman la elaboración de un “mapa integrado de los lugares de la memoria” (lugares de masacres, fosas comunes en sus distintas modalidades, centros de detención ilegal de madres y niños diseminados por todo el territorio, campos de concentración de defensores de la República, obras públicas elaboradas con mano de obra esclava), su incorporación al material didáctico de todos los niveles y la creación y regulación, por ley, del instituto autónomo “lugar de la memoria” como instituciones participativas de encuentro de administraciones y asociaciones y desde las que que, al igual que prevé la ley argentina 961/2002 “recuperar los predios o lugares” y promover “su integración en la memoria urbana”, pero mucho más ampliamente promover activamente “el resguardo y transmisión de la memoria de los hechos ocurridos” y “la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana”, transformando los lugares del genocidio de cada localidad en lugares de una cultura de la paz, los valores democráticos y los derechos humanos, con un patronato que integre autoridades locales autonómicas nacionales, asociaciones de la memoria, de derechos humanos. Tomado de Rebelión

Se abren por primera vez dos fosas en Zamora

Las asociaciones de memoria insisten en que "no hay tiempo" para los familiares, la mayoría muy ancianos Por primera vez desde que en noviembre de 2008 el juez Baltasar Garzón se inhibió en favor de los juzgados territoriales en la causa para exhumar las fosas comunes con restos de los fusilados durante la guerra y el franquismo un juez ha autorizado la apertura de una de esas fosas. Hoy tendrá lugar la primera exhumación con autorización judicial en la localidad zamorana de Santa Marta de Tera, sin duda una buena noticia para los cientos de familiares que aún esperan recuperar los restos de los suyos en una carrera casi a contrarreloj. Y es que estos familiares de las víctimas de la dictadura son ancianos (el más joven tiene 70 años) y muchos de los que han pasado una vida buscando han muerto ya. Una dramática situación que, sin embargo, no está consiguiendo que se aceleren los procesos de recuperación de los cadáveres, ni siquiera después e la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. La juez del Juzgado de Instrucción número dos de Benavente (Zamora), Tania Chico, ha sido la primera en autorizar la apertura de dos fosas comunes que contienen restos de varias personas fusiladas durante el franquismo, después de que el pasado noviembre de 2008 Garzón dejara estas decisiones en manos de los juzgados territoriales. Hasta ahora, todos los jueces había, o bien archivado la causa, como en los casos de Porriño (Pontevedra), Ponferrada (León), Zaragoza o Huelva, o bien se habían declarado incompetentes, como la juez de Granada Aurora Fernández, que debía decidir sobre la apertura de la fosa donde yacen los restos del poeta Federico García Lorca. Dos fosas con ocho cuerpos

Hoy, los familiares de los ocho varones que se supone que hay en dos enterramientos en las inmediaciones del cementerio del municipio de Santa Marta de Tera serán los primeros en recuperar los restos de sus familiares represaliados bajo autorización y supervisión judicial. Hasta ahora, eran las propias asociaciones de memoria, apoyadas por grupos de voluntarios y la mayoría de las veces sin subvención alguna, quienes se encargaban de estos procesos. Según los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en estos enterramientos estarían los restos de dos grupos de hombres fusilados en agosto y octubre de 1936 por el bando franquista. "No hay tiempo" Pese a la alegría por este primer paso en la recuperación de la memoria por la vía judicial, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, insiste en que para los familiares de las víctimas “no hay tiempo”. Un reportaje de El País recuerda que mientras los jueces no se ponen de acuerdo en si la ley de memoria es una “perversión ética” o si es necesaria para resarcir a los represaliados, y si son o no competentes para investigar los crímenes del franquismo, los familiares que buscan a los suyos son cada vez más ancianos, y muchos de ellos ya han muerto. "Desahuciados" Y es que los que vivieron la pérdida de un ser querido durante la guerra tienen, como mínimo, 70 años, y llevan toda una vida en busca de los suyos, en la mayoría de los casos sin conseguir un apoyo de las administraciones ni de la justicia. “Nos sentimos desahuciados”, resume la nieta de un fusilado”, que ve como la pelota de resarcir la memoria pasa del Gobierno a las Comunidades, y de ellas a los juzgados, sin ningún resultado real. Solicitar más medios al Estado Para Silva, las asociaciones, la mayoría de las veces sin contar siquiera con una subvención estatal, han resuelto en los últimos ocho años un 2 por ciento de un problema que “el Estado podría solucionar en dos años”. Ellos han desenterrado ya, sobre todo gracias a voluntarios de todos los campos, unos 4.000 cuerpos. Pero, según admiten expertos como el forense Francisco Etxeberría, que formó parte del comité asesor de Garzón para este asunto, “en España hay medios humanos y técnicos para realizar estas tareas” que “en otros países, nadie duda de la necesidad de la intervención de los tribunales” para su resolución. "Derecho a ser reparadas" Y es que, según el testimonio del ex juez internacional en Bosnia José Ricardo Prada, procesos como los de la identificación del ADN “se han abaratado y sofisticado mucho”, por lo que “si hay voluntad, son costes muy pequeños para beneficios muy grandes”. A su juicio, el hecho de que los presuntos verdugos ya hayan fallecido no impide la obligación de “investigar ese hecho delictivo” judicialmente. “Los culpables son un paso posterior. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas. España, un país que ha sido modelo en las causas de justicia universal, todavía tiene en casa los deberes sin hacer”, añadió. Diferencia de actuaciones Lo mismo opina la juez de Barcelona Amaya Olivas, que elaboró un protocolo de orientación para la actuación de estos casos. “Si alguien encuentra unos restos humanos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la guerra civil se plantea que no?”, se pregunta. Tomado de El Plural

Prohiben la visita a la cárcel de Carabanchel a los vecinos que piden darle a los terrenos usos sociales

S.G.B / laRepublica.es

En torno a 150 vecinos y vecinas que se habían congregado en las puertas de la antigua Cárcel de Carabanchel para la visita programada para este último domingo, finalmente no pudieron llevar a cabo la misma. Para sorpresa de muchos, después de diez años de desidia y abandono de la cárcel, nos encontramos vallado el recinto, pudiéndose divisar de lejos la placa que no hace mucho tiempo se colocó en homenaje a los ex–presos políticos por parte de los vecinos.

Desde la primera ocupación de la cárcel hace más de diez años para reivindicar dichos terreros para usos sociales, junto con todo el movimiento vecinal en lucha que le ha acompañado esta última década –encabezada por la Asociación de Vecinos de Aluche– por vez primera, se les prohibía a los vecinos acceder a la cárcel en lo que fue sin duda una decisión inesperada.

La semana anterior no sólo a través de correos electrónicos y diversas convocatorias se había programado esta visita, que el anterior domingo se había llevado a cabo sin el menor problema, sino que incluso los medios de comunicación habían venido anunciado dicha visita. A las 12.00 de la mañana estaban concentradas en torno a unas 150 personas, en donde junto a ex–represaliados políticos y decenas de jóvenes, se encontraban familias con niños. Rápidamente, y ante la negativa, primero del responsable de la empresa que llevará a cabo la demolición de la cárcel –si es que las “autoridades competentes” no lo evitan–, y posteriormente del responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros, edificio anexo a la antigua cárcel, se notificaba la imposibilidad de acceder al recinto carcelario, símbolo por antonomasia de la represión franquista, pero también de la memoria democrática y antifascista de este país. Delegación de Gobierno y la empresa contratista coincidían en la prohibición de acceder al recinto en lo que suponía una decisión absurda y carente de sentido ante una visita estrictamente cultural. Tras unas dudas sobre si entrar o no entrar, asumiendo las consecuencias que se podían derivar, finalmente se optó por parte de los organizadores, no sin enfrentamiento verbales y algún conato de “pedir refuerzos”, por recorrer el exterior de la cárcel, en donde se fueron explicando la historia de la resistencia anti-franquista, y el papel de la cárcel de Carabanchel como centro penitenciario fundamental en la estrategia de represión de la dictadura; a lo que se suma el rol que ahora juega la propia cúpula de la cárcel en el espacio urbanístico de Madrid, que en cualquier otra Comunidad Autónoma no gobernada por el PP ya habría sido calificada de Bien de Interés Cultural (B.I.C.).

Tras prácticamente concluir parte de la visita, finalmente se pudo acceder al pasillo que divide los muros de la antigua cárcel del vallado, reforzado ahora con alambradas de espinas, a modo de manu militari. La situación que se encontraron los visitantes fue desoladora: si primero habíamos podido ver por el exterior de la cárcel a los “inmigrantes” encarcelados y pendientes de deportación, la siguiente imagen aún fue más clarificadora: varias familias de inmigrantes viviendo entre basura y en unas condiciones deplorables, junto con unos “agentes de seguridad” no identificados y en una actitud amenazante acompañados por perros. A todo esto se sumaba en el interior de la cárcel, y de forma visible, un camión para recoger la poca “chatarra” que aún queda en el interior de Carabanchel. Aquí, prácticamente se repetiría la situación que nos habíamos encontrado a las 12.00 de la mañana. Empresa y policías nacionales, estos últimos bastante más sensatos que los primeros evitando la llamada de los “antidisturbios”, impidiendo de nuevo el acceso a la cárcel. Aunque se realizó una última gestión con Delegación de Gobierno, finalmente no fue posible acceder al recinto. Ahora bien, muy probablemente, y dada la correlación de fuerzas entre manifestantes y agentes de seguridad privada y policías se habría podido acceder al recinto, sin mayores consecuencias. Si finalmente no se produjo esta situación fue una vez más por la “sensatez” y “serenidad” del numeroso grupo que aún estaba realizando la visita.

Con esta crónica evidentemente incompleta, hemos querido ejemplificar lo que no deja de ser una metáfora más de las muchas que acompañan a las actuaciones de los movimientos sociales en Madrid. Especulación, represión y eliminación de los lugares de la memoria antifranquista unidos en lo que simplemente quería ser una visita más a un espacio tan tenebroso como simbólico como fue y es la cárcel de Carabanchel. Militantes anti-franquistas con amigos, familiares, nietos… intentando entrar en la cárcel que les quitó no pocos años de su vida, “luchando” por recuperar y transmitir a la siguiente generación su experiencia carcelaria y “militante”; jóvenes, vecinos, familias tratando de saber algo más sobre aquel recinto carcelario que ha acompañado desde siempre a su barrio; policías y empresas privadas en “santa alianza” prohibiendo el acceso a un recinto carcelario cuando la intencionada desidia y su abandono consciente han tratado de que este espacio carcelario desapareciera para así borrar un espacio de memoria que resultaría vergonzante para cualquier otra democracia europea; inmigrantes encarcelados y con orden de expulsión en un absoluto vacío legal y sometidos a vejaciones diarias de los derechos humanos, separados por unos pocos metros de otros inmigrantes malviviendo dentro de una cárcel, tanto real como simbólica, sin más salida que una valla acompañada de una alambrada de espinas en una imagen que recuerda más a las vallas de Melilla y Ceuta que a un Madrid que se resiste a ser Olímpico.

Tomado de La República