9 jun. 2009

Se abren por primera vez dos fosas en Zamora

Las asociaciones de memoria insisten en que "no hay tiempo" para los familiares, la mayoría muy ancianos Por primera vez desde que en noviembre de 2008 el juez Baltasar Garzón se inhibió en favor de los juzgados territoriales en la causa para exhumar las fosas comunes con restos de los fusilados durante la guerra y el franquismo un juez ha autorizado la apertura de una de esas fosas. Hoy tendrá lugar la primera exhumación con autorización judicial en la localidad zamorana de Santa Marta de Tera, sin duda una buena noticia para los cientos de familiares que aún esperan recuperar los restos de los suyos en una carrera casi a contrarreloj. Y es que estos familiares de las víctimas de la dictadura son ancianos (el más joven tiene 70 años) y muchos de los que han pasado una vida buscando han muerto ya. Una dramática situación que, sin embargo, no está consiguiendo que se aceleren los procesos de recuperación de los cadáveres, ni siquiera después e la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. La juez del Juzgado de Instrucción número dos de Benavente (Zamora), Tania Chico, ha sido la primera en autorizar la apertura de dos fosas comunes que contienen restos de varias personas fusiladas durante el franquismo, después de que el pasado noviembre de 2008 Garzón dejara estas decisiones en manos de los juzgados territoriales. Hasta ahora, todos los jueces había, o bien archivado la causa, como en los casos de Porriño (Pontevedra), Ponferrada (León), Zaragoza o Huelva, o bien se habían declarado incompetentes, como la juez de Granada Aurora Fernández, que debía decidir sobre la apertura de la fosa donde yacen los restos del poeta Federico García Lorca. Dos fosas con ocho cuerpos

Hoy, los familiares de los ocho varones que se supone que hay en dos enterramientos en las inmediaciones del cementerio del municipio de Santa Marta de Tera serán los primeros en recuperar los restos de sus familiares represaliados bajo autorización y supervisión judicial. Hasta ahora, eran las propias asociaciones de memoria, apoyadas por grupos de voluntarios y la mayoría de las veces sin subvención alguna, quienes se encargaban de estos procesos. Según los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en estos enterramientos estarían los restos de dos grupos de hombres fusilados en agosto y octubre de 1936 por el bando franquista. "No hay tiempo" Pese a la alegría por este primer paso en la recuperación de la memoria por la vía judicial, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, insiste en que para los familiares de las víctimas “no hay tiempo”. Un reportaje de El País recuerda que mientras los jueces no se ponen de acuerdo en si la ley de memoria es una “perversión ética” o si es necesaria para resarcir a los represaliados, y si son o no competentes para investigar los crímenes del franquismo, los familiares que buscan a los suyos son cada vez más ancianos, y muchos de ellos ya han muerto. "Desahuciados" Y es que los que vivieron la pérdida de un ser querido durante la guerra tienen, como mínimo, 70 años, y llevan toda una vida en busca de los suyos, en la mayoría de los casos sin conseguir un apoyo de las administraciones ni de la justicia. “Nos sentimos desahuciados”, resume la nieta de un fusilado”, que ve como la pelota de resarcir la memoria pasa del Gobierno a las Comunidades, y de ellas a los juzgados, sin ningún resultado real. Solicitar más medios al Estado Para Silva, las asociaciones, la mayoría de las veces sin contar siquiera con una subvención estatal, han resuelto en los últimos ocho años un 2 por ciento de un problema que “el Estado podría solucionar en dos años”. Ellos han desenterrado ya, sobre todo gracias a voluntarios de todos los campos, unos 4.000 cuerpos. Pero, según admiten expertos como el forense Francisco Etxeberría, que formó parte del comité asesor de Garzón para este asunto, “en España hay medios humanos y técnicos para realizar estas tareas” que “en otros países, nadie duda de la necesidad de la intervención de los tribunales” para su resolución. "Derecho a ser reparadas" Y es que, según el testimonio del ex juez internacional en Bosnia José Ricardo Prada, procesos como los de la identificación del ADN “se han abaratado y sofisticado mucho”, por lo que “si hay voluntad, son costes muy pequeños para beneficios muy grandes”. A su juicio, el hecho de que los presuntos verdugos ya hayan fallecido no impide la obligación de “investigar ese hecho delictivo” judicialmente. “Los culpables son un paso posterior. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas. España, un país que ha sido modelo en las causas de justicia universal, todavía tiene en casa los deberes sin hacer”, añadió. Diferencia de actuaciones Lo mismo opina la juez de Barcelona Amaya Olivas, que elaboró un protocolo de orientación para la actuación de estos casos. “Si alguien encuentra unos restos humanos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la guerra civil se plantea que no?”, se pregunta. Tomado de El Plural

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