El camino recorrido

Imagen:  Va de Nuevo

TAMBALEA LA CADUCIDAD Y
EL RELATO HISTÓRICO DE LA DERECHA
SOBRE LAS CAUSAS DE LA DICTADURA
Y SUS CRÍMENES

A partir de la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio que expresa la voluntad política de impulsar una ley interpretativa que termine con los efectos de la Ley de Caducidad, el autor realiza una pormenorizada reseña de las distintas etapas vividas desde 1986. En particular se valora el cambio cualitativo que supuso el ascenso del FA al gobierno que causó en el plano de las violaciones a los DDHH en dictadura una luz verde a las acciones judiciales con los consecuentes procesamientos de los responsables y autores del terrorismo de Estado. Analiza por último el desmoronamiento del relato histórico sobre las causas de la dictadura y la teoría de los dos demonios.

El Plenario Nacional del FA el pasado día 19 de marzo aprobó por unanimidad la siguiente resolución respecto de la Ley de Caducidad:

"1) Aprobar el texto que se adjunta, modificativo del Proyecto de Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

2) Lo dispuesto en el punto precedente es obligatorio para todos los sectores y adherentes del Frente Amplio tal como lo indica el artículo 23º del Estatuto, por lo cual implica un mandato explícito para los legisladores en el trámite parlamentario.

3) Solicitar el más rápido diligenciamiento de la resolución adoptada por este Plenario Nacional."

Trascendente resolución, sin lugar a dudas, no solo por su contenido sino también por haber sido adoptada por unanimidad de los integrantes del Plenario.

Quizás en un futuro artículo pueda analizar con detenimiento las principales características del nuevo proyecto de ley. Pero teniendo en cuenta que este proyecto modificativo del anterior se tratará primero en el Senado, y luego volverá a la Cámara de Diputados, podemos suponer que antes de mayo no será aprobado.

Por ello prefiero abordar hoy otro tema: el camino recorrido desde 2005 hasta el presente, porque a veces se transmite la sensación de que si, no se aprueba esta ley “anulatoria” de la Ley de Caducidad, poco menos que no hemos avanzado nada y que está todo por hacer.

Y no es así.

EL CAMBIO. En marzo de 2005 se produjo un cambio cualitativo en nuestro país en el área de las investigaciones y sanciones a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura; y desde entonces se ha continuado avanzando en forma constante.

Hasta el año 2005 ningún militar vinculado a hechos delictivos cometidos durante el período dictatorial había ido siquiera a declarar a un juzgado. Todas las consultas que los jueces efectuaban al Poder Ejecutivo, en aplicación del Art. 3º de la Ley de Caducidad, eran respondidas sistemáticamente en el sentido de que esas causas estaban amparadas por las previsiones de esa ley. Y los jueces no tenían otro camino que archivar las actuaciones.

A partir de la asunción de la Presidencia de la República por Tabaré Vázquez, y luego en el actual gobierno de José Mujica, siempre y en forma sistemática, sin excepción alguna, el Poder Ejecutivo respondió las consultas de los jueces excluyendo esas causas, con diversos fundamentos, del amparo de la Ley de Caducidad, habilitando por ende la prosecución de las investigaciones judiciales.

PROCESAMIENTOS Y CONDENAS. En virtud de esa postura republicana y democrática es que el Poder Judicial, aun con la Ley de Caducidad vigente, pudo desplegar su actividad en forma amplia, reglada a derecho y conforme a su leal saber y entender.

Entonces:

- En setiembre de 2006 fueron procesados con prisión José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y José Sande Lima, siendo condenados en el 2009 a penas que oscilan entre 20 y 25 años de penitenciaría como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado (Causa “Orletti” o segundo vuelo clandestino de Argentina a Uruguay - Juzg. Penal 19º Turno).

- En noviembre de 2006 el ex dictador Juan María Bordaberry fue procesado con prisión por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw (Juzg. Penal 11º Turno) y al mes siguiente por coautoría de diez homicidios muy especialmente agravados (Juzg. Penal 7º Turno). En febrero de 2010 fue condenado a 30 años de penitenciaría por atentado a la Constitución, entre otros delitos (Juzg. Penal 7º Turno).

- En diciembre de 2007 fueron procesados con prisión el ex dictador Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, respectivamente por 37 y 29 homicidios muy especialmente agravados, siendo condenados en 2009, el primero a 25 años de penitenciaría y el segundo a 20 años de penitenciaría (vuelos clandestinos de Argentina a Uruguay en 1978 – Juzg. Penal 19º Turno). Se siguen otros procesos respecto de Gregorio Álvarez.

- En el año 2009 fueron procesados con prisión Nelson Bardesio y Pedro Freitas por coautoría de homicidio (Escuadrón de la muerte – Juzg. Penal 8º Turno).

- En abril de 2010 Juan Carlos Blanco (el Canciller de la dictadura), procesado y en prisión desde varios años antes, fue condenado a 20 años de penitenciaría como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado (caso Elena Quinteros – Juzg. Penal 1º Turno).

- En agosto de 2010 fueron procesados con prisión José Nino Gavazzo (preso desde 2006) y Juan Carlos Gómez como coautor y autor, respectivamente, de un delito de homicidio muy especialmente agravado (homicidio de Roberto Gomensoro – Juzg. de Paso de los Toros).

- En setiembre de 2010 fue procesado con prisión Carlos Calcagno (quien ya se encontraba detenido por un pedido de extradición de Paraguay) por dos delitos de desaparición forzada (desapariciones de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana- Juzg. Penal 7º Turno).

- En octubre de 2010 fueron procesados con prisión Enrique Rivero y Araújo Umpiérrez como autor y coautor, respectivamente, de un homicidio político (homicidio de Ubagesner Chávez Sosa - Juzg. Penal 7º Turno).

- En noviembre de 2010 fueron procesados con prisión por homicidio muy especialmente agravado Miguel Dalmao y José Chialanza, el primero de ellos General en actividad (homicidio de Nibia Sabalsagaray - Juzg. Penal 10º Turno).

- En marzo de 2011 nuevamente fue procesado con prisión Gregorio Álvarez por homicidio muy especialmente agravado (homicidio de Roberto Luzardo - Juzg. Penal 1º Turno).

Como síntesis de todo esto, pensemos que la Ley de Caducidad fue sancionada a marchas forzadas el 22 de diciembre de 1986 para impedir que dos o tres días después José Nino Gavazzo tuviera que comparecer como testigo en un Juzgado Penal. Hoy en día lleva ya cuatro años y medio en prisión.

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS. Asimismo, se realizaron trabajos muy importantes en la búsqueda de desaparecidos.

El Prof. José López Mazz, en un artículo publicado en el Informe 2010 de Serpaj dice: “El Grupo de Investigación en Arqueología Forense se constituyó en marzo de 2005 cuando el Presidente de Uruguay Dr. Tabaré Vázquez solicitó el apoyo de la Universidad de la República para profundizar el cumplimiento al Art. 4 de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En ese entonces se firmó un Convenio donde el GIAF se comprometía a buscar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, intentando localizarlos, recuperarlos, establecer su identidad y estudiar los restos y su contexto para conocer sus condiciones de muerte”.

La actividad de este grupo ha sido muy intensa en el marco del Convenio suscrito por el Poder Ejecutivo y la UDELAR.

- En los años 2005 y 2006 se realizaron excavaciones en los Batallones de Infantería nº 13 y 14, y en una chacra de Camino Piedritas (Pando), efectuándose además investigaciones y prospecciones en: Cantera de ANCAP, centro clandestino de detención “La Casona”, chacra militar en Camino Pajas Blancas, Cementerio de Maldonado, Parador Tajes y Grupo de Artillería Antiaérea nº 1.

En noviembre de 2005, en la chacra de Pando, se encontraron los restos de Ubagesner Chávez Sosa, y al mes siguiente, en el Batallón No. 13, los restos de Fernando Miranda.

- En los siguientes años se realizaron excavaciones en La Tablada y en el Cementerio del Norte, y nuevamente en la Chacra Militar de Pajas Blancas, el Grupo de Artillería nº 1 y en el Batallón nº 14, donde se encontraron indicios en el subsuelo de movimientos de tierra que puede corresponder a la realización de la llamada “operación zanahoria” (artículo citado de López Mazz).

- En febrero de 2011 se reanudaron las excavaciones en el Batallón nº 14.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. El camino recorrido ha sido doloroso pero a la vez reconfortante. Se ha conocido la verdad sobre muchos delitos cometidos durante la dictadura, y se ha podido castigar a varios de sus principales responsables.

Y ello ha sido posible porque ha existido la voluntad política que ha permitido al Poder Judicial cumplir cabalmente su función de administrar justicia a todos los uruguayos, sin distinción alguna, afirmando así el pleno funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas.

Además, y como culminación de este proceso, la Suprema Corte de Justicia, a partir de su fallo de octubre de 2009 en la causa de Nibia Sabalsagaray, ha mantenido una jurisprudencia constante en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, por lo que en esas causas el Poder Judicial ha retomado la totalidad de sus potestades constitucionales y legales.

Esta histórica sentencia fue antecedida por pronunciamientos expresos en febrero de 2009 del Poder Ejecutivo (a través del Consejo de Ministros) y del Poder Legislativo (en una sesión especial de la Asamblea General), que ante vistas conferidas por la Corte en aquella causa judicial consideraron inconstitucional la Ley de Caducidad.

Si bien estos últimos pronunciamientos carecían de efectos jurídicos, igualmente fueron políticamente importantes por cuanto nos mostraron a los tres Poderes del Estado alineados en una misma definición.

UN NUEVO RELATO HISTÓRICO. Pero quizás lo más importante es que en virtud de lo actuado por el Poder Judicial y el Gobierno, comenzó a desmoronarse el relato histórico construido en torno a la Ley de Caducidad, aquel que sostiene que en nuestro país hubo una guerra, un enfrentamiento entre dos bandos, que llevó en forma ineluctable a la dictadura. Si hubo amnistía para un bando, la Ley de Caducidad era la amnistía para el otro.

La derecha de nuestro país (y me refiero a la derecha no fascista), que durante los últimos años había quedado descolocada por la interpretación que el gobierno hacía de la Ley de Caducidad, ha comprendido el peligro de que aquel relato, que tiene a dicha ley como uno de sus ejes más importantes y que es muy funcional a su política, se debilite.

Es así que asistimos en las últimas semanas a diversas actitudes que parecerían indicar un cambio de conducta: cuestionamientos públicos al procesamiento del Gral. Dalmao (lo que nunca se había dado con los anteriores procesamientos) y una campaña de descrédito contra una jueza penal por los fundamentos contenidos en un auto de procesamiento (pese a que la sentencia está en apelación), encabezada en forma entusiasta por los Dres. Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre.

Dicho esto, digamos también que a veces el gobierno le facilita la tarea de una manera increíble y desconcertante, y para muestra bastan dos botones: la visita del Presidente Mujica al Gral. Dalmao en el Hospital Militar, para “interiorizarse de su estado de salud” (según la versión oficial colgada en la página de Presidencia); y la insólita defensa del mismo General que el Senador Eleuterio Fernández Huidobro ensaya un día sí y otro también.

El desmoronamiento del relato histórico de la derecha sobre las causas del golpe de Estado de 1973, y en especial el esclarecimiento del carácter terrorista de la dictadura, requieren también la construcción de un relato histórico alternativo, el de las fuerzas de izquierda, progresistas y democráticas, que debe hacerse necesariamente con la mayor amplitud posible.

Creo que es donde menos se ha avanzado.

Por eso, quizás, uno advierte una excesiva “judicialización” de la lucha por desenmascarar definitivamente la dictadura terrorista de Estado que padecimos durante casi doce años.

Esta construcción debería ser una elaboración colectiva, que no se crea ni se consolida de la noche a la mañana, pero que exige necesariamente amplitud, amplitud y más amplitud, y también forzosamente una coherencia mínima para que aquella sea posible.

La elaboración de ese relato histórico no puede ser patrimonio de nadie, en ella deben participar organizaciones políticas y sociales, instituciones públicas y privadas, ciudadanos individualmente considerados, pero también el Gobierno, que al menos no debe enviar a la sociedad señales equívocas o contradictorias.

Ese nuevo relato ya se ha ido generando a diversos niveles en la sociedad, pero no ha alcanzado aún el grado de desarrollo que es imprescindible para que se convierta a su vez en una de las bases de sustentación del proyecto de cambio de nuestro país.

Hubiera sido un aporte importante en favor de esa amplitud que la desaparición de la Ley de Caducidad fuese el fruto maduro de una política de diálogos y acuerdos, culminando en una solución que pudiera “abrir la cancha” todo lo posible. No ha trascendido que esto se hubiera intentado al menos.

Para decirlo en términos futbolísticos, no es bueno en estos temas jugar “al achique”, y tener como único objetivo el voto nº 50 en la Cámara de Representantes o el voto nº 16 en el Senado de la República.

Antonio Machado y Joan Manuel Serrat nos han venido diciendo desde hace tiempo: “Caminante, no hay camino; se hace camino al andar”; y vaya si hemos hecho camino en estos últimos seis años, andando en pos de la verdad y la justicia respecto de los crímenes de la dictadura.

Por Juan Errandonea

Tomado: VadeNuevo.com.uy